En tanto que algunos jueces sigan autorizando sin problemas la existencia de partidos fascistas, racistas, xenófobos y sus manifestaciones públicas de xenofobia y racismo, como por ejemplo la manifestación del pasado domingo en Madrid, y otros sigan archivando querellas de injurias efectuadas por la COPE, presentadas por representantes electos y democráticos como es el caso de Maragall, y otros más, sigan condenando el ejercicio de la libertad de expresión de ciudadanos como el caso de los humoristas del Jueves, el caso de la quema de fotos del Rey o el caso de Jaume d’Urgell, el derecho a la libertad de expresión y a la igualdad de derechos ante la ley, seguirá adolesciendo de una conculcación judicial sistemática y arbitraria.

¿Qué pasa con algunos sectores de la justicia que sólo parece ver con buenos ojos la libertad de expresión de ciudadanos ultraderechistas, mientras condena esa misma libertad de expresión en ciudadanos de izquierda?

Cuando en la justicia se elevan sectores absolutamente politizados y parciales y atentan desde posicionamientos ideológicos contra los derechos de la ciudadanía, olvidando su función constitucional que no es otra que la de juzgar imparcialmente a todo ciudadano y a toda ciudadana desde la igualdad ante la ley, y la igualdad en cuanto al disfrute de derechos, algo huele a podrido y mucho en la justicia española.

A continuación les dejo este manifiesto por la absolución de Jaume d’Urgell y dejo a su criterio la opción de adherirse o no:

“Manifiesto por la libertad de expresión:
absolución de Jaume d'Urgell

Los trabajadores, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONG y medios de comunicación firmantes de esta declaración, manifestamos nuestra solidaridad con el joven republicano Jaume d'Urgell, procesado por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión para reivindicar opiniones políticas legítimas.

Jaume d'Urgell arrió la bandera roja y amarilla que ondeaba en un edificio oficial, y en su lugar izó la enseña tricolor republicana: roja, amarilla y morada. Una bandera, recordémoslo: española, constitucional, institucional y perfectamente democrática, impuesta por las urnas y depuesta por las armas. Por este acto de desobediencia civil pacífica, la Fiscalía solicita un año de cárcel, el pago de una multa de 4000 euros y un año de inhabilitación especial para sufragio pasivo (prohibición para presentarse a elecciones).

Con esta acción simbólica y no violenta, Jaume puso de relieve la relación entre los problemas cotidianos de la ciudadanía y una forma de gobierno que él considera que no es totalmente representativa.

La acción buscaba reivindicar la adopción de políticas orientadas a la reducción de la precariedad laboral; un mayor compromiso de los poderes públicos para frenar el aumento del coste de la vida –particularmente en el sector de la vivienda; y abogar por una forma de gobierno más democrática, en la que no existan cargos públicos que no sean electos, vitalicios, jurídicamente irresponsables, irrevocables y hereditarios; un modo de organizar la sociedad basado en los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, fundamentado en el respeto a los Derechos Humanos, la transparencia y austeridad en el gasto público, el laicismo, la paz y la efectiva participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.

Este manifiesto no se pronuncia sobre dichas ideas, sino sobre la libertad para expresarlas.

Consideramos que si Jaume d'Urgell odiara a España –como pretende el Ministerio Fiscal, no acudiría a manifestaciones para reclamar una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía y no llegaría a comprometer su propia seguridad jurídica para defender aquello en lo que cree. Por eso, manifestamos que la calificación penal de los hechos es totalmente desproporcionada y que, si ésta llegara a plasmarse en una sentencia, supondría un grave precedente para la conculcación de los derechos y libertades políticas.

En beneficio de todos, exigimos la libre absolución de Jaume d'Urgell y la derogación del artículo 543 del Código Penal, sobre "Ultrajes a España", por entender que su redacción es extemporánea y contradictoria con los artículos 20 de la Constitución Española (antes 34) y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan el derecho a no ser molestado por la libre expresión de opiniones.

Primeros firmantes: Rosa Regàs, Carlos Taibo, Miquel Jordà, Iñaki Saldaña, Ahmed

Hijazi, Saif AbuKeshek, Julio Rodríguez, Víctor Díaz Cardiel, José María Coronas.

Manifiesto: www.libertad-de-expresion.es

Adhesiones: adhesiones@libertad-de-expresion.es “

Imagen: http://canariasinsurgente.typepad.com/almacen/images/2007/07/20/manos_jaume.jpg

¡Qué tengan un buen día!