Esta mañana, cansada de la publicidad con que nos"obsequia" y bombardea la SER, he cambiado el dial a RNE y, ¿qué estaban retransmitiendo? La Santa Misa. Me he fijado bien por si me hubiera confundido y hubiera sintonizado la COPE o algo así, pero no: era RNE, Radio UNO. La radio pública, la radio de todos, la radio de un estado aconfesional estaba retransmitiendo un acto religioso católico. ¿Acaso retransmiten actos religiosos de las demás confesiones? ¡No!. Las demás religiones no existen para la radio pública. Para ellas, el Estado es aconfesional. Esto me ha llevado a pensar en la ley que próximamente se presenta en el Parlamento: la ley de la vergüenza. Bueno, no es que se llame precisamente así, se iba a llamar ley para la recuperación de la memoria histórica; pero también el nombre se lo han cambiado. La verdad, no sé con que nombre se va a presentar al final, pero deberían presentarla cómo "Ley de la amnesia y de la desverguenza histórica", o ley de la vergüenza y el ultraje, o, simplemente: Ley de punto final.

¿Y por qué se me ha ocurrido ir de un tema –el de la definición dada en la Constitución del 78 de estado aconfesional y la contradicción que supone que la radio pública retransmita la misa- a este otro de la “ley de la vergüenza”? Pues porque existe también una contradicción, ya que se pretende hacer justicia pero se agravia aún más, convirtiendo esa supuesta ley de justicia y desagravio en una ley de punto final.

Sí, ley de punto final, porque eso es lo que finalmente será. Una ley que, como ya sucediera con la Constitución de 1978, pase página y borre de una vez por todas la ignominia, el asesinato, la tortura, la persecución política a la que se sometió a los ciudadanos de este país, que creían en la libertad, en la igualdad, en la soberanía del pueblo, en la carta de derechos humanos, en la justicia y en las leyes, y en suma, en la república, desde 1936 hasta 1975.

Una ley que a modo de rodillo, elimine la posibilidad a las familias de las víctimas del franquismo, y a esas propias víctimas, la posibilidad de recuperar la verdad de su aniquilación y su dignidad, y que pasa por alto tanto los derechos humanos como el derecho internacional no puede ser considerada más que como una ley de punto final similar a la ley que se promulgó en Argentina.

Una ley así, no sólo es una bofetada cruel al sufrimiento mantenido por los familiares durante 70 años, un acuerdo fáctico ignominioso y una provocación incalificable a la memoria y justicia, sino que es un gravísimo paso atrás de este actual estado español que se autocalifica hoy democrático de derecho, y que no sólo se hace cómplice silencioso de la criminalidad que imperó desde 1936 a 1975, sino que se hace también valedor de los intentos de reescribir la historia y de borrarla que la ultraderecha ha intentado y conseguido hasta hoy. Una ley de punto final que de salir airosa del Parlamento tal cual se va a presentar, dejará al estado español “de derecho” actual, sin credibilidad alguna frente a países que pisotean los derechos humanos, y sin credibilidad alguna tampoco ante la ciudadanía española que aún confía en la equidad, la justicia y el sistema de derecho.

Una ley que cabalga entre la cobardía moral y la ilegalidad; que mantiene las heridas abiertas y que no restaura nada, más bien añade más agravio, si cabe, a la injusticia y al crimen; introduciendo mecanismos de impunidad para que los nombres de los presuntos autores de esos execrables crímenes no sean conocidos jamás; reforzando una vez más que no hay derechos humanos anteriores a 1978.

Una ley que, cómo bien dice el director de Amnistía internacional para España, Sr. Beltrán, de salir tal cual, podrá y deberá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por conculcar derechos humanos fundamentales tanto de víctimas de la guerra civil y del franquismo, cómo de sus familiares, quienes a día de hoy, aún aguardan reparación y justicia.

Finalmente, les transcribo parte del texto de la página de AI-España referido a este asunto, en el que podrán encontrar los links que abren el informe que AI-España ha entregado al gobierno español contra la ignominiosa ley:

“Las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista siguen a la espera de que se reconozcan sus derechos a conocer la verdad, obtener justicia y ser reparadas por los daños sufridos. Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como tortura, ejecuciones extrajudicia-les, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamien-tos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad. Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas; la responsabilidad de los autores de estos crímenes no prescribe nunca. En un primer informe… “ (Cliquen aquí para seguir leyendo y para acceder al informe citado).

En fin, aún no ha sido debatida y aprobada la citada ley, y confío en que las fuerzas democráticas de este país, realmente lo sean y se posicionen cómo lo que son: fuerzas democráticas de un Estado de Derecho; que saben a lo qué representan y saben escuchar el clamor de la ciudadanía y de los organismos internacionales de derechos humanos para que se haga justicia de una vez por todas y podamos recuperar la dignidad perdida. Para que el pueblo español pueda caminar hacia el futuro con la cabeza alta -que no el brazo levantado- y para que no permitan que, una vez más, los poderes fácticos se lleven el gato al agua.

Francamente, si este proyecto de ley se aprueba tal cual, vean cual sería el verdadero rostro del Parlamento español, pasando el ratón por la imagen que a continuación verán:

¿Cual sería sino, la diferencia?

Carmen Moreno Martín
Alias Hannah

Imagen: Fosas Comunes en Villamayor de los Montes, provincia de Burgos. © Privado
Fuente: http://www.es.amnesty.org/paises/espana/pagina/victimas-de-la-guerra-civil-y-del-franquismo/